lunes, 26 de julio de 2010

Nuevos conflictos en los Balcanes, la independencia de kosovo

"El derecho internacional general no contempla prohibiciones sobre las declaraciones de independencia y, por tanto, la declaración del 17 de febrero de 2008 no viola el derecho internacional general". Con esta sencilla frase contestó hace unos dias Hisashi Owada, presidente del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, a la pregunta formulada, a instancias de Serbia, por la Asamblea General sobre la secesión de Kosovo de 2008. Se trata de una opinión no vinculante adoptada por 10 votos a favor y 4 en contra. Sin embargo, sus repercusiones pueden ser enormes para los movimientos separatistas de todo el mundo.

Estados Unidos, principal valedor de Kosovo, instó ayer a Europa a unirse y secundarle. De momento, 69 de los 192 países de la ONU han reconocido a Kosovo. En el seno de la UE, lo han hecho 22 de los 27. España, China, Rusia e India figuran entre los que se oponen.

Según los jueces, la declaración kosovar no viola el derecho internacional general, y tampoco "contravino la resolución 1244 del Consejo de Seguridad", que reguló el régimen administrativo de Kosovo en 1999, tras la guerra balcánica contra los serbios. La resolución misma "no prohibía declaraciones de independencia de Kosovo respecto a Serbia", consideró el tribunal.

Por último, los jueces excluyeron que la declaración vulnerara el marco constitucional provisional, que según ellos no vinculaba a los autores de la secesión. "Por tanto", concluyeron, "ninguna norma aplicable del derecho internacional ha sido violada".

El dictamen del TIJ no juzga si existe, o no, un derecho a la secesión, "incluso como solución a un conflicto irresoluble". Lo que sí recalca en varias ocasiones es la excepcionalidad de la situación sobre el terreno que precedió la secesión kosovar. "Hay que tener en cuenta el contexto de lo ocurrido en 2008", repitió el juez Owada, en un intento de subrayar la singularidad del caso y acotar las posibilidades de aplicación del fallo a otras situaciones.

Desencadenadas por la represión militar serbia contra los separatistas albanokosovares, las luchas en Kosovo se saldaron con unos 10.000 muertos, un millón de desplazados y violaciones masivas de los derechos humanos. Los bombardeos de la OTAN acabaron con el enfrentamiento, aunque centenares de serbios perdieron también la vida en contraataques kosovares.

Ahora, el TIJ ha considerado que "la Asamblea de Kosovo podía adoptar decisiones que afectaran a su orden legal sin violar norma alguna". Y Pristina se ve refrendada para remachar la tesis defendida durante las consultas anteriores a la decisión judicial. Esto es, presentar la soberanía como la única forma de pacificar la región después de la limpieza étnica. Sin olvidar que la República Federal Yugoslava desapareció tras la independencia de Montenegro en 2006. Un hecho que vaciaría de contenido, para Kosovo, la mencionada resolución 1244.

Para expertos en Naciones Unidas como Dick Leurdijk, del Instituto holandés de estudios internacionales Clingendael, el fallo "es interesante y sorprendente. Uno piensa que iban a declarar ilegal la independencia, si bien aceptando que es imposible dar marcha atrás en la historia. Lo que han hecho es sancionarla formalmente". Leurdijk cree que "aunque puede crear situaciones políticamente delicadas en otras partes del mundo con ansias soberanistas, hay que fijarse en lo que el TIJ denomina circunstancias especiales de Kosovo".

Leurdijk matiza que se trata de una opinión, no una sentencia de obligado cumplimiento. "Es cierto que las relaciones entre Belgrado y Pristina estaban en punto muerto hace dos años. Que la única vía posible era la independencia en un lugar donde ha habido crímenes terribles. Pero lo decisivo para otros casos potenciales será el enfoque de ese contexto mencionado por los jueces", concluye.


Si bien, de momento, Serbia insiste en que nunca reconocerá a Kosovo, la soberanía podría alentar a su vez arreglos negociados. Al menos es lo que suele suceder con las consultas de esta índole. En círculos diplomáticos se barajaba en las últimas semanas la búsqueda de un estatuto especial para el norte y los alrededores de la ciudad de Mitrovica. Allí se concentra la mayoría de los cerca de 15.000 civiles serbios. Al sur viven unos 60.000 albanokosovares. A todos los separa un puente sobre el río Ibar. En 2004 hubo serios enfrentamientos antiserbios, pero luego ha sido también escenario de violentos choques interétnicos. De llegar a un acuerdo sobre este supuesto, Belgrado garantizaría la gobernabilidad del lugar.

El efecto contrario tampoco es descartable. Belgrado podría adoptar medidas contra Pristina como un embargo comercial. Pero ninguna de las partes quiere dañar su futuro en la UE o la OTAN. Así que tal vez prime la supervivencia y comience la búsqueda de una convivencia pacífica.

 El Pais - 22-07-2010










sábado, 10 de julio de 2010

Nuevo Presidente Alemán


El 30 de junio de 2010, Christian Wilhelm Walter Wulff, de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, asumió la Presidencia de la República Federal Alemana tras la dimisión un mes antes del Jefe del Estado, Horst Köhler, por unas polémicas declaraciones sobre la misión de las tropas alemanas en Afganistán, vinculando el emplazamiento de los soldados con intereses económicos, algo que ningún dirigente mundial se ha atrevido a hacer antes.
Alemania es una república federal parlamentaria. El sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento constitucional de 1949 conocido como Ley Fundamental.

El presidente de la República Federal de Alemania es el jefe de Estado y, por lo tanto, quien ocupa protocolariamente siempre el primer lugar en el Estado. El cargo de presidente de Alemania exige neutralidad, por eso casi todos los políticos elegidos a la presidencia, congelan su pertenencia al partido en el que militan. Su peso político es mucho menor que el de los presidentes de Estados Unidos, Francia o Rusia, elegidos por votación popular directa.

El mayor peso político corresponde a la canciller Ángela Merkel, (jefe del gobierno) que ejerce el poder ejecutivo, similar al papel de un Primer Ministro en otras democracias parlamentarias. El poder legislativo recae en el parlamento compuesto por el Bundestag (Dieta Federal) y el Bundesrat (Consejo Federal), que en conjunto forman un único tipo de órgano legislativo. El Bundestag es elegido mediante elecciones directas respetuosas de la representación proporcional. Los miembros del Bundesrat representan a los gobiernos de los dieciséis estados federales (Lander) y son miembros de los gabinetes de estado. Los respectivos gobiernos estatales tienen el derecho de nombrar y remover a sus enviados en cualquier momento.

La limitación de las funciones del presidente alemán es consecuencia de la experiencia con el nacionalsocialismo en Alemania. Los "padres y madres de la Carta Fundamental", la Constitución alemana, concebida en los años 1948 y 1949, tuvieron en cuenta el fatal papel del presidente del Reich, Paúl Hindenburg, que nombró a Adolfo Hitler como nuevo canciller y aprobó la disolución del Parlamento de la llamada República de Weimar.

Tras las experiencias en la República de Weimar y el régimen nazi los creadores de la Ley Fundamental, la Constitución alemana, no quisieron que fuera el ciudadano el que decidiera directamente sobre la votación del presidente. Una elección del presidente a través del Bundestag, el Parlamento alemán, no le hubiera dado la suficiente influencia a los distintos Estados federados, un despropósito en una federación.

La fórmula establecida fue una propuesta del liberal Theodor Heuss, quien más tarde fuera presidente de la República Federal de Alemania. A Heuss pues, se debe que sea una Asamblea Federal la que, cada cinco años, se forme siempre de nuevo para elegir el presidente alemán. “La Asamblea Federal se compone de los diputados del Parlamento y un número igual de miembros nombrados por los concejos de los Länder”, como está plasmado en la Constitución. El número de ciudadanos delegados varía de acuerdo al número de parlamentarios que no es igual en todos los períodos legislativos en Alemania. El número de representantes que envía cada uno de los 16 Estados federados depende del número de habitantes y, por lo mismo, del tamaño de las fracciones políticas en los correspondientes Parlamentos regionales. No sólo son políticos los enviados a Berlín a elegir al presidente de la república, también van deportistas, artistas y personas destacadas en sus comunidades.





domingo, 4 de julio de 2010

En estos días, con motivo del mundial de fútbol, se está hablando mucho de Sudafrica. Un país con una historia reciente muy convulsa salpicada de racismo llevado al extremo,  impropio del final del siglo XX.   

Hoy Sudafrica, con tres capitales consecuencia de la unión de estados y colonias: la administrativa es Pretoria,  es un país democrático cuyo sistema de gobierno  federal es una  república parlamentaria, de tipo presidencialista. Tiene 9 provincias, cada una con su gobernador. El presidente de Sudáfrica es el Jefe de Estado y de Gobierno, es elegido por el parlamento bicameral.  En la práctica, el presidente es el líder del partido  mayoritario. El actual presidente es Jacob Zuma, desde abril del año 2009.

A pesar de ser uno de los países mas desarrollados de África,  la población sudafricana  tiene una esperanza de vida de aproximadamente 49 años y una mortalidad infantil que ronda el 45 por mil de los niños nacidos. La población analfabeta supone entre el 11 y el 12%, la escolarización de tercer grado solo llega al 15% de la población  y la desigualdad social es tan grande que conviven habitualmente en el país  grandes fortunas con un 25% de la población que dispone de solo 125 dolares al año.  

El lema de la República es "unidad en la diversidad" y  no es casual, ya que es este un país multicultural,  con gran diversidad de idiomas (once reconocidos oficialmente por la constitución sudafricana), religiones y etnias (aunque el 80% de la población es negra).  
 
Hasta el año 1994 en que se celebraron las primeras elecciones democráticas,   se produjo en Sudafrica un fenómeno de segregación racial conocido como apartheid.  Fue llamado así porque significa "separación" en Afrikaanses, una lengua  sudafricana. Consistió básicamente en la división de los diferentes grupos raciales para promover el "desarrollo". Este movimiento, dirigido por los blancos,  instauró todo tipo de leyes que cubrían, en general, aspectos sociales. Se hacía una clasificación racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social o a la ascendencia.  Los negros no podían ocupar posiciones en el gobierno y no podían votar excepto en algunas aisladas elecciones para instituciones segregadas, no podían habilitar negocios o ejercer prácticas profesionales en las áreas asignadas específicamente para los blancos, el transporte público era totalmente segregado, los negros debían vivir y estudiar separados de los blancos...etc.

Los defensores del apartheid decían que la discriminación contra los negros estaba basada legalmente en que éstos no eran ciudadanos de Sudáfrica, sino ciudadanos de otros estados independientes (llamados bantustanes), creados con el fin de alojar a gente negra. En efecto, se crearon diez estados autónomos para alojar a los negros que constituían el 80% de la población.

A esta población se le eliminó la ciudadanía sudafricana y se les consideraba como transeúntes o población temporal, provistos incluso de pasaportes para transitar por el país. Durante las décadas de 1960 hasta 1980, el gobierno forzó a la población negra a reubicarse en dichos estados que habían sido designados para ellos. Un total de 3 millones y medio de habitantes se vieron obligados a desplazarse hacia estas zonas. El caso más publicitado fue el de Johannesburgo, donde 60.000 habitantes negros fueron reubicados en una zona llamada Soweto. .

 La abolición del apartheid fue producto de los cambios políticos que ocurrieron en Sudáfrica a finales de la década de 1980 y principio de la década de 1990. La política del apartheid creaba cada vez más controversias y oposición de la comunidad internacional. Se habían impuesto sanciones económicas; algunas incluso requerían la desinversión total en Sudáfrica. La moneda sudafricana, el rand, llegó a un nivel tan bajo que el gobierno se vio obligado a declarar un estado de emergencia en 1985 que se mantuvo durante cinco años.

Entre 1990 y 1991 fue desmantelado el sistema legal sobre el que se basaba el apartheid. En marzo de 1992, en la última ocasión en que sólo los blancos votaron, un referéndum le concedió facultades al gobierno para avanzar en negociaciones para una nueva constitución con el ANC y otros grupos políticos. Las mismas se prolongaron durante largos meses, pero finalmente las partes llegaron a un acuerdo sobre un borrador de constitución y a una fecha para las nuevas elecciones: éstas se producirían en abril de 1994.

Uno de los protagonistas  sudafricanos del fenómeno del aparheit  fue Nelson Rolihlahla Mandela (1918). En 1962 fue  arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos, a cadena perpetua. Mandela estuvo 27 años en la cárcel, la mayoría de los cuales estuvo confinado en la prisión de Robben Island. Tras su liberación el 11 de febrero de 1990, Mandela lideró a su partido en las negociaciones para conseguir una democracia multiracial en Sudáfrica. Mandela ganó las elecciones y fue el primer presidente elegido democráticamente mediante sufragio universal desde 1994 hasta 1999, recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante cuatro décadas, incluido en 1993 el Premio Nobel de la Paz.